La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una decisión que detiene el avance de construcciones comerciales en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte. La medida de carácter preventivo ordena la interrupción inmediata de todas las intervenciones en ese entorno natural protegido. Además, el fallo exige al Gobierno porteño que en un plazo de diez días se presente la documentación administrativa vinculada al proyecto cuestionado. El dictamen marca un paso importante en la protección de áreas verdes frente al desarrollo urbano.
La jueza Andrea Danas a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 9 resolvió extender una medida judicial que exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detener provisoriamente las obras que contemplan la instalación de dos establecimientos gastronómicos. La decisión fue adoptada tras la presentación realizada por un grupo de estudiantes universitarios quienes manifestaron su inquietud ante la persistencia de trabajos en un área considerada de alto valor ambiental.
La intervención urbanística impulsada por la Secretaría de Ambiente de la Ciudad incluye la instalación de cartelería informativa la creación de una ciclovía, la edificación de un centro de interpretación, baños públicos y sectores de servicios entre ellos dos espacios gastronómicos uno proyectado en el área del Espigón.
Esta iniciativa generó preocupación entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA quienes junto al apoyo de la Fundación Ciudad denunciaron posibles impactos ambientales negativos. Según argumentan, la realización de estas obras pondría en riesgo el equilibrio ecológico de la Reserva, un entorno natural que resguarda más de 800 especies entre flora y fauna.
A comienzos de octubre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida precautelar que ordenaba frenar las obras por la ausencia del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. No obstante, estudiantes de Ciudad Universitaria y vecinos del entorno denunciaron que los trabajos continuaron especialmente en la construcción de un local gastronómico en el sector del Espigón lo que motivó una nueva denuncia judicial.
Ante esta situación la magistrada Andrea Danas ratificó la vigencia de la medida previa y decidió extender su alcance. Los estudiantes manifestaron su malestar a través de un comunicado en el que responsabiliza tanto al Gobierno porteño como a las autoridades universitarias quienes exigieron explicaciones por el avance de las obras pese a la orden judicial.
Los estudiantes denunciaron haber sufrido «intimidaciones» por parte de efectivos policiales durante una inspección realizada la semana pasada en la Reserva. La reciente resolución judicial representa un avance significativo en la defensa de los espacios naturales en un contexto donde se profundiza el debate sobre cómo conciliar el crecimiento urbano con la protección de zonas ecológicamente vulnerables.
La intervención de la Justicia porteña y la movilización de estudiantes evidencian la creciente preocupación social por proteger espacios naturales en la ciudad frente a proyectos urbanos que podrían causar daños irreversibles al medio ambiente. Este caso subraya la importancia de exigir transparencia, responsabilidad ambiental y el cumplimiento de normativas para garantizar un desarrollo urbano sostenible que respete la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.
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