Patricia Bullrich ministra de la Seguridad de la nación anunció este jueves la activación de un protocolo contra bloqueos que será implementado en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La ministra enfatizo que el uso de la fuerza será proporcional al nivel de oposición que se registre y también anticipó que se presentará una iniciativa legislativa ante el Congreso.
Durante una rueda de prensa, Patricia Bullrich explicó las disposiciones incluidas en el protocolo afirmo con las siguientes palabras “Ningún individuo que se encuentre en la acera tendrá inconvenientes” ya que cuyo objetivo es impedir bloqueos en calles y carreteras principalmente en áreas bajo jurisdicción federal. Además, la ministra anunció un próximo encuentro con las autoridades porteñas para tratar asuntos relacionados con la seguridad y el mantenimiento del orden público de forma coordinada.
Las fuerzas federales que incluyen a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), estarán autorizadas para actuar ante bloqueos viales o manifestaciones que obstaculicen la circulación de los ciudadanos. No obstante, también podrán intervenir agentes del Servicio Penitenciario Federal que ahora está bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad tras el cambio de gobierno.
Asimismo, se reforzarán las tareas de prevención en estaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos. Bullrich advirtió también que se procederá a la confiscación de objetos como palos o prendas que cubran el rostro y que puedan emplearse para evitar la identificación.
Respecto a la participación de menores en las protestas la ministra manifestó su inquietud y anunció medidas estrictas indicando lo siguiente: “No queremos que los niños sean utilizados como escudos humanos ya que los menores deben estar en la escuela. La responsabilidad principal recae sobre quienes los llevan”, advirtiendo que quienes lo hagan enfrentan sanciones severas.
Sobre las detenciones, Bullrich explicó que se respetarán los códigos procesales actuales y la legislación sobre flagrancia. “La información de los responsables participantes, cómplices o instigadores será remitida a las autoridades correspondientes. Se notificará al juez en casos de daños ambientales como la quema de neumáticos que provoque perjuicios al entorno y a la salud de las personas”.
Bullrich comunicó que las organizaciones o personas responsables de los operativos de seguridad deberán hacerse cargo de los costos correspondientes. Subrayó que el Estado no afrontará los gastos relacionados con la movilización de las fuerzas de seguridad y en el caso de extranjeros con residencia temporaria la información será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones. El objetivo de practicar este protocolo implica un cambio sustancial en la estrategia gubernamental ante protestas de tal manera que genera un debate sobre la proporcionalidad y el respeto a los derechos civiles en el accionar policial.
En resumen, la presentación del nuevo protocolo que fue implementado por la ministra Patricia Bullrich marca un cambio profundo en la política de seguridad del Gobierno nacional. Con medidas más estrictas y una postura firme frente a las manifestaciones cuyo objetivo es reforzar el orden público.No obstante, la iniciativa ha generado controversia al abrir un debate sobre los límites entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales ya que especialmente en lo que refiere al uso de la fuerza la participación de menores y el tratamiento de ciudadanos extranjeros.
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