Durante 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reportaron más de 1.600 episodios de violencia institucional. Según el informe anual elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la ciudad esta cifra representa un leve incremento respecto a los datos registrados en 2022.
La mayoría de los casos involucraron agresiones físicas donde se concentraron principalmente en la Comuna N°1 y en los barrios del sur porteño. Además, el documento advierte sobre un uso significativo de la figura legal de resistencia a la autoridad para justificar detenciones arbitrarias.
El sexto informe anual del organismo indica que en 2023 el Ministerio Público de la Defensa (MPD) registró 1.632 casos de violencia institucional en la Ciudad lo cual es preocupante ya que superó la cifra de 1.616 reportada en 2022, según los datos judiciales recopilados por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional. En el documento se destaca que la violencia institucional se define como aquellas acciones en las que «los agentes estatales a través de sus conductas vulneran los derechos fundamentales de las personas».
“La mayoría de los hechos fueron cometidos por la Policía de la Ciudad durante detenciones en flagrancia vinculadas a causas penales. También se registraron algunos episodios con fuerzas nacionales en sus zonas de intervención como en el Barrio Ricciardelli” señala Pablo Ibarra del área de trabajo Contra la Violencia Institucional en una entrevista con Página 12. Ibarra agrega que “hay casos puntuales que involucran a otros organismos de la ciudad, como los servicios de salud, aunque la mayoría corresponden a fuerzas de seguridad”.
Según el informe preparado por el área de estadísticas de la Secretaría Letrada en el 78 % de los 1.632 casos se registraron agresiones físicas mientras que en el 22 % de los incidentes se documentó violencia psicológica la cual frecuentemente está acompañada con la violencia física. El Ministerio Público de la Defensa aclara que «no deben sumarse los porcentajes ya que los tipos de violencia no son mutuamente excluyentes es decir una persona puede sufrir violencia física y psicológica simultáneamente».
El desglose de los datos obtenidos en el relevamiento permite identificar las zonas de la ciudad donde se concentra la mayoría de los casos de violencia institucional siendo mucho menos habitual en los barrios del norte porteño. La Comuna N°1 registra el mayor número de incidentes ya que cuenta con 506 casos seguida por los barrios del sur. La Comuna N°4 ocupa el segundo lugar con 189 reportes luego la Comuna N°7 con 148 y la N°3 con 142. Al norte de la Avenida Rivadavia, ninguna comuna supera un promedio de cien casos ya que la mayoría incluso está por debajo de cincuenta como la Comuna N°6 con 26, la N°12 con 39 y la N°2 con 47.
Un aspecto importante para interpretar los datos es el uso de figuras legales como resistencia, atentado o desobediencia a la autoridad del Código Penal la cual se emplean como justificación para las detenciones relacionadas con los hechos registrados. De acuerdo con el informe el 52 % de los casos se dieron debido a detenciones por “presuntos actos” las cuales “frecuentemente se utilizan para encubrir detenciones por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad”.
El informe del MPD también clasifica los datos según variables como el género, la edad y la nacionalidad de las personas afectadas por los hechos de violencia institucional. Según el relevamiento el 80 % de las víctimas se identifican con el género masculino el 15 % con el femenino y un 5 % con identidad trans. La edad promedio es de 33 años. Un 80,4 % son de nacionalidad argentina ya que también se advierte una presencia significativa de casos que afectan a personas extranjeras donde 371 de los 1.632 incidentes involucran a ciudadanos de otros países principalmente provenientes de Perú, Paraguay y Bolivia.
El informe del Ministerio Público de la Defensa revela un preocupante y leve incremento de la violencia durante 2023 ya que cuenta con más de 1.600 casos registrados ya que las personas perjudicadas son principalmente varones jóvenes y personas extranjeras. Estos datos enfatizan la necesidad urgente de revisar prácticas policiales y fortalecer mecanismos de control institucional para garantizar el respeto a los derechos humanos.
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