Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras un reciente hecho delictivo el renovó su pedido para reactivar un decreto emitido en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Dicha medida habilitaba la rápida deportación de personas extranjeras sin nacionalidad argentina que estuvieran implicadas en delitos.
El mandatario porteño Jorge Macri instó a reactivar un decreto del 2017 el cual fue promovido por su familiar Mauricio Macri que autorizaba la pronta expulsión de extranjeros sin nacionalidad argentina que incurran en delitos dentro del país. Esta petición surge tras la captura de tres personas de nacionalidad chilena y colombiana detenidos mientras sustraían mercadería de un comercio de electrodomésticos en el barrio de Balvanera.
De acuerdo con reportes policiales la detención ocurrió tras una llamada de emergencia al 911 cuando los sospechosos intentaban escapar. Los tres individuos quienes no contaban con la ciudadanía argentina fueron detenidos por la Policía de la Ciudad que logró recuperar una bolsa con catorce teléfonos móviles que intentaban deshacerse. Jorge Macri manifestó su inquietud en su cuenta de X, afirmando: «Es necesario expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos. Nuestra ciudad no puede seguir siendo un destino para la delincuencia.»
Los arrestados fueron capturados en diferentes zonas gracias a la eficiente intervención policial y al seguimiento realizado desde el Centro de Monitoreo Urbano. La regulación mencionada por Jorge Macri corresponde al Decreto 70 del año 2017 promulgado por Mauricio Macri que reformó la Ley de Migraciones y facultó al Estado a establecer los parámetros para la admisión y expulsión de extranjeros.
El decreto establecía un procedimiento migratorio eficiente para denegar el ingreso y proceder a la rápida expulsión de extranjeros involucrados en actividades delictivas incluyendo el tráfico de armas, personas y drogas, entre otros.
En 2021, el presidente Alberto Fernández derogó esta norma fundamentando la medida en la defensa de los derechos humanos y argumentando que la legislación anterior incumplía principios como el proceso del derecho a contar con asistencia legal, la limitación del control judicial sobre decisiones administrativas y la excesiva duración de la detención preventiva sin justificación clara.
Macri afirma que la reactivación de esta normativa ayudará a proteger la seguridad de los ciudadanos y a impedir que extranjeros sin nacionalidad seleccionen Argentina como lugar para delinquir. El debate sobre la efectividad de estas disposiciones y su conformidad con los derechos humanos sigue siendo un asunto relevante en los ámbitos político y social.
La propuesta de Jorge Macri de restaurar el decreto de 2017 el cual busca fortalecer la seguridad pública mediante la rápida expulsión de extranjeros sin ciudadanía que cometen delitos en Argentina. Sin embargo, esta medida genera un debate importante sobre su compatibilidad con los derechos humanos y el debido proceso legal que de tal modo mantiene vigente una discusión clave en los ámbitos político y social sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana y el respeto a las garantías legales en el país.
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