El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante la Legislatura un proyecto que busca imponer sanciones económicas a quienes retiren residuos de los contenedores ubicados en la vía pública. La iniciativa es promovida por la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y próxima vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio fue ingresada hace veinte días ya que cuenta con un dictamen para ser debatida en la sesión del jueves.
El plan propone aumentar las multas previstas en el Régimen de Faltas vigente que incluye infracciones ambientales de higiene urbana y uso del espacio público. Además, establece la implementación de medidas de “reparación verde” para quienes incumplan la normativa.
En el marco de la iniciativa se contemplan aumentos en las multas para quienes arrojen basura en los contenedores fuera del horario permitido que va de 19 a 21 horas o que no respeten la separación domiciliaria de residuos.
Las sanciones económicas varían entre 14.446 y 144.660 pesos. Además, se suma un nuevo artículo al Régimen de Faltas que penaliza la manipulación indebida de contenedores o puntos de recolección de residuos sólidos urbanos con multas que pueden alcanzar hasta 101.262 pesos.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la posibilidad de imponer multas que superen el millón de pesos cuando la infracción sea cometida por personas jurídicas como las organizaciones de recicladores urbanos. Junto a las sanciones económicas se establece la incautación de los materiales recolectados y la obligación de cumplir con acciones de “reparación verde”.
El proyecto ha generado rechazo entre las cooperativas de recicladores urbanos que manifestaron su oposición a la medida. Francisco Dorbessan representante de la Federación de Cartoneros y Cartoneras criticó la iniciativa señalando que sancionar a quienes buscan alimentos o materiales reciclables para su sustento es un enfoque erróneo por parte del Gobierno de la Ciudad.
Por su parte Lucía Jolías de la cooperativa Madreselvas solicitó a los legisladores que eliminen el artículo y convoquen a un diálogo con el Ejecutivo para atender la situación de los trabajadores informales del reciclaje.
Diputadas de Unión por la Patria como Claudia Neira y Lucía Cámpora reclamaron mayor tiempo de análisis antes de que el proyecto se trate en el recinto y pidieron la participación de funcionarios de Higiene y Espacio Público en las discusiones.
Desde Juntos por el Cambio la diputada Gimena Villafruela defendió la iniciativa argumentando que busca promover el orden público.
La diputada radical Inés Parry manifestó que la inclusión de nuevas sanciones resulta adecuada y confía en que el proyecto será aprobado en la próxima sesión.
Al finalizar la reunión integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio manifestaron su descontento por la ausencia de funcionarios del Ejecutivo durante el debate parlamentario. En consecuencia, evalúan modificar el artículo polémico para que las sanciones se apliquen únicamente a las “personas jurídicas” que incurran en la infracción excluyendo así a los recolectores independientes.
En resumen, el proyecto presentado por el Gobierno de la Ciudad para sancionar la extracción de residuos de los contenedores busca fortalecer la higiene urbana y el orden público, pero ha generado controversia y rechazo especialmente entre las cooperativas de recicladores urbanos quienes advierten sobre el impacto social de estas medidas.
Mientras algunos sectores legislativos apoyan la iniciativa y su pronta aprobación otros solicitan mayor diálogo y revisiones para proteger a los trabajadores informales. La discusión refleja la complejidad de equilibrar la regulación ambiental con la realidad social de quienes dependen del reciclaje para subsistir.
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